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Designados investigadores para tratar escándalo en Corte Suprema

19 Agosto 2017

La Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que inicie las investigaciones correspondientes contra los aforados.

La sala de instrucción estudia llamar a declarar al abogado y exfiscal Moreno, al igual que a su socio, Luis Pinilla.

De acuerdo con los audios, la red de corrupción habría acordado pagos entre $1.500 y $3.000 millones para cambiar las decisiones de los magistrados. Así lo muestran también, en los diversos ámbitos del poder público, los cientos de sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia contra altos funcionarios del Estado durante los últimos 25 años.

Un documento conocido por LA FM indica que la Comisión de Acusación ordena la práctica de pruebas y notifica a la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y a la Presidencia de la República para que hagan llegar las pruebas solicitadas.

Ante las voces que piden una Asamblea Constituyente para reformar la justicia, dijo la Corte que el problema es de las personas, no de las instituciones. La justicia, y la Corte Suprema en particular, ha desempeñado, ejerce y seguirá cumpliendo un rol protagónico en la lucha contra la corrupción y la delincuencia en todas sus manifestaciones.

El magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, será el encargado de adelantar las indagaciones respecto a los hechos posiblemente delictivos que involucran a los congresistas Musa Besaile, Hernán Andrade y el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

Cabe recordar que la investigación de la Fiscalía compromete a los dos exmagistrados José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte.

Los expresidentes de la Corte Suprema envueltos en el escándalo, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, los cuales estarían probablemente vinculados estrechamente con conductas consumadas para afectar el rigor e integridad de la administración de la justicia, pues se dice que dentro de las conversaciones se hace relación a solicitudes de dinero para desviar y cometer conductas torticeras con la administración de justicia, con el ánimo de favorecer al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons.

Le hacemos saber a la Comisión de Acusaciones, igualmente, que estaremos prestos a colaborar en la investigación a su cargo con toda la información que estime necesaria.

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