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Fiscalía cita a 700 alcaldes que apoyan referendo catalán

13 Setiembre 2017

Cesión de espacios municipales para la celebración del referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional.

Un día después de que miles de personas salieran a las calles de Barcelona para pedir que el 1 de octubre se celebre un referéndum de autodeterminación en Cataluña, la tensión continúa "in crescendo" en la región española, donde la Fiscalía ordenó que se requise el material destinado a la consulta.

El monarca insistió en que "los derechos que pertenecen a todos los españoles serán preservados" frente a "quienes se sitúan fuera de la legalidad constitucional y estatutaria".

En el caso de que no acudan a la citación la fiscalía ordena la detención de esos alcaldes, que podrían superar los setecientos en los cerca del millar de municipios con los que cuenta la región de Cataluña, de 7,5 millones de habitantes.

La orden señala que "a la vista del número de municipios afectados, se procederá a dar preferencia en la tramitación a las diligencias que afecten a los municipios de mayor población".

Ante este desafío, el monarca insistió este miércoles en que la "convivencia democrática" alcanzada en España "después de muchos sacrificios" y gracias "a la generosidad de todos" solo es posible "si las leyes que la regulan y organizan son atendidas y cumplidas por los ciudadanos y por las instituciones; si los derechos y libertades de los ciudadanos son tutelados y respetados por los poderes públicos".

La instrucción de Maza adjunta la relación de los 712 ayuntamientos que, según la página web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), han firmado decretos para poner a disposición del Gobierno regional de Cataluña los locales necesarios para llevar a cabo el referéndum independentista.

En el plano político, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy reiteró que no dialogará con los secesionistas sobre algo "manifiestamente ilegal", como es el referéndum, y pidió a los ciudadanos catalanes que sean citados para una mesa electoral el 1 de octubre que no acudan a esa convocatoria.

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